Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad se informó hoy que se superaron ya las 255 mil firmas necesarias para convocar un plebiscito con el fin de derogar esa ley, que no permitió que los militares y policías involucrados en crímenes de lesa humanidad -durante la dictadura vivida en Uruguay entre 1973 y 1985- fueran enjuiciados. Las firmas recogidas representan el 25 por ciento del padrón electoral de este país sudamericano, que es el porcentaje necesario para solicitar a la Corte Electoral que se convoque a un plebiscito. Carlos Coitiño, portavoz de la coordinadora, anunció que de cualquier forma se plantean “llegar a las 300 mil” firmas en los próximos 25 días, en declaraciones a la radio El Espectador, que reproduce hoy EFE. Finalizado el plazo, las firmas serán entregadas al Parlamento, que a su vez debe enviarlas a la Corte Electoral, encargada de su estudio y validación. Si las firmas que pasen esta instancia son por lo menos 255 mil, el plebiscito se realizará en el mes de octubre de este año, junto con las elecciones nacionales. La Ley de Caducidad fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, luego del fin de la dictadura, y respaldada por la ciudadanía en un referéndum en 1989. Con la asunción del socialista Tabaré Vázquez como presidente, en marzo de 2005, la aplicación de la ley se flexibilizó y se habilitó el juzgamiento de a algunos militares y policías, cuyos casos quedaron excluidos de la ley luego de un minuciosos estudio de ésta. Fruto de esos juicios, seis militares y dos policías retirados fueron condenados la semana pasada a penas de cárcel de 20 a 25 años por “homicidio muy especialmente agravado”. Sus condenas responden a la desaparición y muerte de 28 uruguayos en el marco del llamado Plan Cóndor, llevado adelante por los gobiernos militares del Cono Sur en los años 70 y 80.
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